SEMANA revela un escandaloso caso de corrupción en el Fondo Nacional del Ahorro. La Fiscalía les imputó cargos a dos vicepresidentes por el fraude, en 2017, de casi 63.000 millones de pesos.
Era diciembre, y mientras el país estaba concentrado en las fiestas de fin de año, en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) también hacían fiestas, pero con el ahorro que entregan los colombianos para estudiar o comprar vivienda. Dos funcionarios del más alto nivel de la entidad estaban tejiendo un crimen financiero que, según la Fiscalía, significó una astronómica pérdida de casi 63.000 millones de pesos.
Para la Fiscalía es claro lo que pasó. Se vendió de manera irregular una cartera que costaba 131.433 millones de pesos, por la suma de 68.435 millones, lo que deja en evidencia una pérdida para el Fondo de casi 63.000 millones de pesos de los ahorradores.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, y, si no fuera por las pesquisas de la Fiscalía, este oscuro negocio habría pasado desapercibido. Sus autores fabricaron una cortina con apariencia de legalidad en la que incluso modificaron el manual Sarc (Sistema de Administración del Riesgo Crediticio), de tal manera que en la transacción no se notaran las irregularidades.
Durante meses, un equipo de la Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, en un trabajo de filigrana, se dio a la tarea de recoger evidencias, documentos, testimonios y realizar inspecciones para llegar al fondo de este millonario desfalco. Por estos hechos acaban de llevar ante un juez e imputar graves cargos contra los entonces vicepresidente financiero, Milton Bustos, y la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas. Ellos siguen trabajando en la entidad en otras labores.
La Fiscalía les imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Para los investigadores, este fraude estaba diseñado incluso desde que empezó a planearse la venta de la cartera morosa del Fondo Nacional del Ahorro. La ganadora de esta piñata fue la firma Disproyectos, que apareció de un momento a otro cuando ni siquiera había sido invitada a participar en el proceso de selección. Con un agravante: según las indagaciones, no tenía un flujo de caja que le permitiera asumir las obligaciones contractuales, y su patrimonio resultaba irrisorio para encargarse de este negocio, no superaba los 1.000 millones de pesos, además de cero experiencia en cobro de cartera.
Lo que sí hizo la vicepresidenta, meses atrás de la millonaria transacción, fue hacerles una invitación cerrada a otras siete firmas, que obviamente no iban a resultar ganadoras del jugoso contrato, en el que a la luz de la ley deberían enfrentarse en franca lid para escoger a la que mejor representara los intereses del FNA. Esa reunión fue de puro trámite, pues al parecer ya todo estaba listo para que Disproyectos apareciera como el mejor oferente.
Tal era la intención de entregar este contrato a dedo que incluso fue modificado el manual Sarc utilizado para estos casos solo con la finalidad de dar apariencia de legalidad. Con base en este reglamento ya habían sido descartados otros interesados. Por si fuera poco, a juicio de la Fiscalía, la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas, aceptó una solicitud de no constituir la garantía exigida por el comité para el cumplimiento del contrato.