Contraloría niega intereses políticos detrás de imputaciones en Hidroituango

La Contraloría asegura que todos los implicados en el caso Hidroituango, incluyendo al candidato presidencial Sergio Fajardo, tendrán garantías para defenderse.

La Contraloría está negando la existencia de intereses políticos detrás de su decisión de imputar a 19 personas y 9 empresas contratistas por el detrimento patrimonial de 4.1 billones en Hidroituango.

La entidad ha recibido críticas por su decisión de imputar al precandidato a la presidencia Sergio Fajardo y dejar fuera de la lista al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

“Se adelantó una actuación especial absolutamente rigurosa de la cual resultaron 6 hallazgos (4 de contenido administrativo y 2 de contenido fiscal) a los cuales se da traslado a la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y el proceso ha seguido su curso. A todos los implicados se les ha garantizado el derecho de defensa. No tiene ningún miramiento político”, dijo el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz, quien negó que detrás de este proceso haya un interés político.

El funcionario, encargado de adelantar la primera instancia del proceso, explicó que por ahora no hay ninguna medida cautelar y tampoco consecuencias directas ni para el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ni para los contratistas, que pueden continuar con su vida normal mientras se define el proceso.

La promesa de la Contraloría es llegar a una conclusión definitiva dentro de un año y medio, es decir en junio del 2023.

A los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria la Contraloría les imputará cargos por su posible responsabilidad fiscal en los problemas de Hidroituango.

Sin lugar a dudas, las miradas caen sobre Sergio Fajardo, quien aspirará a la Presidencia de la República en 2022, pues esta decisión podría ser determinante para su carrera política.

En total, serán imputados 28 de 34 funcionarios y exfuncionarios que fueron investigados sobre la aparente cadena de irregularidades de Hidroituango. El detrimento patrimonial habría sido de $ 4,1 billones de pesos, mientras que la responsabilidad fiscal sumando personas alcanzaría los 500.000 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de la actuación especial de la Contraloría General de la República, la ausencia de generación de energía del proyecto, tiene efectos en la atención de la demanda y en los precios.

«Durante la ejecución del proyecto se ha destruido valor por $2.971,40 de miles de millones con respecto a la línea base, debido a mayores inversiones sin que el proyecto haya entrado en operación. Este valor aumenta diariamente en la medida en que, con posterioridad a la entrega del último ‘modelo financiero estimado después de contingencia’, se han causado costos adicionales que no están incorporados en la cuantificación», indica el reporte.

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