Expectativa por el futuro judicial de la alcaldesa del Socorro

El próximo 18 de junio se definirá la continuidad de Claudia Porras Rodríguez como alcaldesa del Socorro, cuando en una nueva audiencia el juez decida si le dicta medida de aseguramiento.

Ayer, en un comunicado, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra la mandataria, por su presunta responsabilidad en el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

De acuerdo con el ente acusador, Porras estaría involucrada en la adjudicación de un contrato para la atención de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, que tendría posibles anomalías.

“La investigación se relaciona con las presuntas irregularidades detectadas en el convenio de asociación Nº 20030103 suscrito el pasado 27 de marzo entre la Alcaldía de Socorro y la Corporación Rayos de Esperanza, por un monto de $125’756.280, con el objeto de brindar apoyo en la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, con un plazo de ejecución de 39 días”, explicó la entidad mediante un comunicado.

Según lo establecido por la Fiscalía, la mandataria presuntamente tramitó el contrato sin advertir los requisitos legales esenciales para esa etapa precontractual, pues la corporación no tenía experiencia e idoneidad para ejecutar el convenio según lo exigido en los estudios previos.

¿Qué pasará con la alcaldía?

Si el juez determina que las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes, Claudia Porras recibiría medida de aseguramiento intracarcelaria o domiciliaria. En cualquiera de los dos casos, “automáticamente quedaría suspendida o separada del cargo”, explicó Laura Torres Parada, decana de la facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de Unisangil

En este caso, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tendrá que encargar la alcaldía a uno de los secretarios de Porras.

Si el proceso avanza, Aguilar se vería en la obligación de elegir un alcalde encargado que deberá ser del mismo movimiento político de Porras.

En la última opción, en caso de que la funcionaria sea encontrada culpable, existe la posibilidad de que se llame a nuevas elecciones en el municipio.

Tomada: Vanguardia.

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