Hay en el país una gran polémica por la compra de 74 camionetas para la Presidencia y la Corte Suprema en plena época de coronavirus.
Por: Redacción Digital BLU Radio
“Este proceso no inició ahora ni se desarrolló durante la emergencia (del coronavirus), sino que comenzó hace año y medio y lo hizo la Policía Nacional, no directamente la Presidencia”, manifestó.Indicó Molano que el proceso de compra de las camionetas comenzó con un estudio de la Jefatura de Protección de la Presidencia en noviembre de 2018, que determinó que era necesario hacer una renovación de los vehículos de seguridad de la Presidencia.
“En abril de 2019, el proceso termina con un estudio que determina que el 76 por ciento de los vehículos tienen una vida útil ya finiquitada y son anteriores al 2011 y la vida útil de los blindajes es necesaria retomarla porque es de solo 5 años”, agregó el funcionario.
“Es la Policía Nacional, que tiene la responsabilidad de la seguridad de la Presidencia, la que el año pasado inicia el proceso de valoración, acepta la solicitud y le pide al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos, los cuales son entregados desde octubre del año pasado”, dijo.
Camionetas para la Rama Judicial
Asimismo, en la Rama Judicial se dio la compra de 51 camionetas a 260 millones cada una. Lo anterior para dos salas de la Corte Suprema: la Sala de Instrucción y la Sala Laboral.
En diálogo con Mañanas BLU, José Mauricio Cuestas, director ejecutivo de la Rama Judicial, sostuvo que las camionetas de la Rama Judicial estaban todas bajo la figura del alquiler, algo que resultaba muy costoso para el Estado.
“Tenemos hoy arrendadas 21 camionetas para los magistrados. El análisis que se ha hecho es que esto le sale muy caro al Estado porque nosotros tenemos camionetas de modelo 2019, arrendadas en casi 15 millones mensuales. Esto es demasiado caro”, explicó.
“Las camionetas que compramos costaron 260 millones cada una: son 13.000 millones por 51 carros. Si multiplicamos el alquiler que pagábamos, en un año y medio hemos recuperado la inversión. Es un gasto exagerado para el Estado. Esto se está haciendo desde el año pasado”, aseguró.
Precisó que la transacción solo se hizo hasta este año porque el dinero no había llegado. Magistrados dicen que aunque quisieran modificar destino de recursos, no se puede por norma.
*Escuche las entrevistas en Mañanas BLU:
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