La auditoría de la Contraloría tiene 6 hallazgos administrativos y fiscales, los dos últimos por 4 billones 74.000 millones de pesos.
Por: Camila Carvajal, BLU Radio
BLU Radio tuvo acceso a la auditoría que entregó la Contraloría General de la República en el caso de Hidroituango, donde analizó las inversiones y el actuar de EPM, los dueños de proyecto y las autoridades ambientales.
El informe, de 136 páginas, concluye con 6 hallazgos: 4 administrativos y 2 con incidencia fiscal donde se investiga un posible detrimento patrimonial por 4 billones 74.000 millones de pesos.
Estos dos hallazgos con incidencia fiscal son: primero por el lucro cesante, es decir, el dinero por la energía dejada de producir por Hidroituango desde finales de 2018 y calculada hasta junio de 2019. Ese lucro cesante lo tasa la Contraloría en 1 billón 104.000 millones de millones de pesos, con la advertencia de que cada día que se deja de producir energía, el monto aumenta.
El segundo hallazgo fiscal es por 2 billones 970.000 millones de pesos por incidencia e ineficacia en las obras del proyecto, donde asegura la Contraloría que “la gerencia de Hidroituango no actuó con eficacia y eficiencia en temas físicos y financieros de la obra”.
Para llegar a los hallazgos, la Contraloría también concluyó que “hay dudas de la experiencia constructiva de EPM, porque la construcción de la central la realizó mediante la subcontratación con empresas especializadas, que a su vez subcontrataron parcialmente el objeto de sus contratos (…)”, es decir, la Contraloría deja al descubierto la tercerización que hizo Empresas Públicas en la obra y denuncia que “EPM no inició procesos para sancionar a los contratistas con retrasos o incumplimientos”, por lo que se hicieron pagos de indemnizaciones por tiempos muertos, a otros contratistas.
Estos hallazgos de la Contraloría están calculados a junio de 2019, por lo que el anuncio de las aseguradoras de cubrir con su póliza la contingencia del proyecto, no fue calculado.
Los años para recuperar la inversión
Quizá el descubrimiento más importante que hace la Contraloría es que denuncia su preocupación por los años en los que tendrá que operar Hidroituango para recuperar el dinero adicional invertido y gastado en la obra.
Por el contrato BOOMT, EPM operará Hidroituango por 50 años y en ese momento se lo devuelve a los dueños, es decir, por su mayoría accionaria, al departamento de Antioquia.
“Analizado en contexto con lo expresado por EPM, referente a que el proyecto tiene un horizonte de diseño de 50 años, permite sustentar la seria preocupación de la Contraloría General de la República, frente al futuro y viabilidad financiera del proyecto. (…) La recuperación de la inversión sería de aproximadamente 35 años” y sin determinar aún el costo total que tendrá la obra, “no es posible establecer un periodo finito para la recuperación de la inversión”, es decir, la Contraloría teme que no haya un tiempo estimado para que EPM opere la energía en Hidroituango y devuelva el proyecto a sus dueños.
La Contraloría también pone la lupa en lo que va a significar Hidroituango en la energía que necesita el país y en la factura por energía que pagan los colombianos. “La no entrada a tiempo del proyecto Hidroituango implica necesariamente suplir la capacidad de generación con la ampliación del parque de generación para inicios del año 2021, de otra manera, el abastecimiento en el suministro de energía eléctrica puede verse comprometido”.
La responsabilidad de la sociedad Hidroituango
En la auditoría de la Contraloría también hay un llamado de atención a la actuación de la junta de Hidroituango. Dice el ente de control que la junta, en todos los periodos involucrados, no hizo un control responsable de las actuaciones de EPM como constructor.
“El contrato BOOMT preveía importantes facultades en cabeza de la Sociedad, especialmente en los eventos de crisis, sin que se hubiera evidenciado la participación activa del que en últimas es el dueño del proyecto”, sentenció la Contraloría.
Finalmente, la Contraloría condena que algunos de los miembros principales y suplentes de la junta, escogidos en las asambleas generales de la Sociedad, “no asistieron reiteradamente a las reuniones” donde se tomaron decisiones claves de la obra.